La Junta de Gobierno ha mantenido en el día de hoy una reunión de trabajo con la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Córdoba, Raquel López, en la que se han abordado distintas cuestiones de interés para el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia y la mejora del servicio que se presta a la ciudadanía.

Durante el encuentro, el Decano Carlos Arias, ha puesto de manifiesto la necesidad de que, tras la reciente reforma de la oficina judicial, se garantice el libre acceso de los profesionales de la abogacía a las dependencias judiciales, de modo que puedan desarrollar con normalidad las gestiones inherentes a su actividad profesional.

Asimismo, desde la Junta de Gobierno se ha trasladado la urgencia de avanzar en la implantación definitiva del expediente digital, una herramienta clave para facilitar el ejercicio profesional, permitiendo a los letrados consultar la documentación de los procedimientos de forma ágil y segura desde sus despachos.

En el ámbito de la jurisdicción de Familia, se ha incidido en la conveniencia de agilizar la asignación de la primera cita en el punto de encuentro familiar, con el objetivo de evitar demoras en la puesta en marcha de los regímenes de visitas y garantizar así una respuesta eficaz a las necesidades de las familias.

Por otro lado, ambas instituciones han realizado un repaso del estado actual de las distintas sedes judiciales de la provincia de Córdoba. En este sentido, la Junta de Gobierno ha insistido en la necesidad de acometer determinadas mejoras, con especial atención a la situación del partido judicial de Posadas.

Finalmente, la reunión ha servido también para abordar diversas cuestiones relacionadas con el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, prestando especial atención a la asistencia a víctimas de agresiones sexuales, un ámbito en el que resulta esencial reforzar los recursos y garantizar una atención especializada.

Este tipo de encuentros institucionales se enmarcan en la función del Colegio de colaborar con las Administraciones públicas y contribuir a la mejora continua del sistema judicial, en cumplimiento de sus fines esenciales como corporación de derecho público, entre los que se encuentra la defensa de la calidad del servicio y la protección de los derechos de la ciudadanía .