Os informamos que el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, ante el apagón energético sufrido en el día de ayer a nivel peninsular, ha emitido una nota de prensa en la que reclama que la jornada del 28 de abril se declare inhábil a todos los efectos procesales. 

Así lo trasladó ayer  la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia (CRAJ) del CADECA al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, solicitando que eleve dicha petición al Consejo General del Poder Judicial ante la imposibilidad de acceder a los programas de gestión procesal y cualquier otro sistema informático o de comunicaciones, lo que impidió a los profesionales llevar a cabo sus funciones.

En este sentido, la Abogacía andaluza considera que la medida adoptada por el momento por el CGPJ, prorrogando a hoy el vencimiento de los plazos procesales que cumplieran ayer, es insuficiente. El presidente del CADECA, Federico Fernández, ha explicado que «no se trata sólo de que se hayan registrado ‘interrupciones no planificadas en el servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas’, como indica el Poder Judicial en su comunicado”, sino que “ayer vivimos una inaudita y grave falta de suministro eléctrico en el territorio peninsular que dejó a nuestro colectivo sin posibilidad de presentar escritos, de hablar con sus clientes, de consultar jurisprudencia o avanzar demandas en el ordenador; en definitiva, sin opciones de trabajar, como la inmensa mayoría de los ciudadanos”.

Por ello, el CADECA insta al Poder Judicial a que, durante la reunión que va a mantener hoy para valorar las consecuencias legales del apagón, acuerde la inhabilidad de la jornada de ayer para que no compute a nivel de plazos, prescripciones y caducidad en ningún supuesto.

Por otro lado, os informamos que el Consejo General de la Abogacía Española acaba de remitir un comunicado en el que considera imprescindible considera imprescindible que el Consejo General del Poder Judicial adopte las siguientes medidas:

• 1. La necesidad de que se suspendan todos los plazos procesales para todos los procedimientos, garantizando -en todo caso- la prestación de servicios esenciales.
• 2. Excluir el día 28 de abril de 2025 como día de cómputo de los plazos procesales, ya que los abogados y abogadas afectadas por el apagón -como el resto de la ciudadanía- no pudieron desempeñar su trabajo en condiciones de normalidad, lo que supone un quebranto para el efectivo ejercicio del derecho de defensa
• 3. La conveniencia de suspender la actividad judicial ordinaria prevista para el día de hoy en todos los partidos judiciales, ante la situación crítica que impide los desplazamientos y la operatividad normal de los funcionarios y de la población.
• 4. En todo caso, que la inasistencia de cualquier abogado o abogada a un señalamiento judicial suponga la inmediata suspensión del acto programado, dando por supuesto que su ausencia es consecuencia de la situación crítica en la que nos encontramos.